El derecho penal como garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico colombiano
Resumen
Con la inclusión de los Derechos Fundamentales y sus garantías en la Constitución Política de 1991, se permeó toda actuación administrativa y judicial en favor de los integrantes de la sociedad. Así mismo, con la implementación de un sistema penal de corte acusatorio y de sus normas rectoras conformes al texto constitucional, se limitó la potestad punitiva al interior del Estado. El Derecho Penal como garantía jurisdiccional de los derechos inherentes al procesado,
propende porque sus actuaciones sean el fiel reflejo de un garantismo penal propio de un Estado Social y Democrático de Derecho. El inconveniente surge cuando en la realidad legislativa y procesal del Estado se incorporan postulados propios del eficientismo procesal, en el cual los derechos inherentes a la persona se ven reducidos bajo los sofismas que subyacen de esta teoría
penal que antepone los fines a los medios.
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